Por Juan Carlos Lopaczuk
LA LEY BASES INCLUYE ESTE RÉGIMEN QUE DE APROBARSE EN EL SENADO Y CONVERTIRSE EN LEY, REPRESENTARÍA UNA PÉRDIDA DE SOBERANÍA Y UNA TREMENDA ENTREGA DEL PAÍS AL SECTOR PRIVADO.
La ley Bases que espera su tratamiento en el Senado Nacional, incluye el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Se trata de una serie de beneficios descomunales para el sector privado que atenta directamente contra la industria nacional. Por empezar, solo abarca a las inversiones extranjeras que superen los 200 millones de dólares. Si sos argentino, no te toca.
Los incentivos fiscales y aduaneros se otorgan desde el vamos, aunque los grandes inversores tienen solamente la obligación de concretar el 40% del proyecto en los dos primeros años.
Además la taza de impuesto a las ganancias es de 25 % anual durante los primeros tres años, luego ya no pagarán más. Pasados los siete años, también dejaran de pagar impuestos por sus utilidades en dólares al exterior. Es decir, tendrán 0% de impuestos cuando quieran enviar las divisas estadounidenses al exterior que obtuvieron en sus negocios en nuestro país. Así, como podrán disponer libremente por 3 años, de la cantidad de moneda norteamerica que obtengan de sus exportaciones. Generando una permanente fuga de capitales al exterior.
En cuanto a incorporar maquinaria extranjera para sus proyectos, tampoco tendrán cargas impositivas para ello. Lo que afectaría la producción de esa maquinaria y de esos repuestos que se desarrollen para la industria nacional en nuestro territorio.
Pero la cosa no termina ahí. En caso de conflicto legal con alguna de los proyectos de inversión, la justicia argentina no tendrá jurisdicción, ya que todos los litigios entre el estado y las empresas se definirán en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI). Organismo perteneciente a la banca internacional y dependiente del Banco Mundial.
En cuanto al apartado ambiental, el R.I.G.I otorga enormes privilegios a empresas mineras sobre los recursos hídricos nacionales, la explotación de hidrocarburos y el agronegocio. Lo que generaría la consecuencia de un gran avance de la deforestación y la industria extractivista en nuestro territorio. Las normativas provinciales no podrán regular la actividad de privados sobre el impacto ambiental y la biodiversidad. Al tiempo que no se podrá sancionar leyes futuras de protección ambiental, que las empresas consideren que van en contra de sus intereses, lo que se encuentra establecido en el artículo 163 del régimen. Sin mencionar que tampoco limita la participación de empresas que tengan antecedentes de contaminación ambiental.
Ante este panorama, podemos mencionar que el RIGI es claramente destructivo para la industria argentina. Además de ser una entrega de soberanía económica y territorial al sector privado, en detrimento del Estado Argentino. Que pasa a ser mero espectador del beneficio del capital foráneo, sin recibir nada a cambio. El RIGI favorece la fuga de divisas extranjeras producidas en nuestras tierras, desfinancia el desarrollo económico interno y saquea recursos naturales.
Por estas razones, el RIGI es una ley antiargentina y perjudicial para todos nosotros. Solo causara mayores despidos y mayor empobrecimiento del pueblo.
