” A la patria la salva una sola entidad: el pueblo. Las patrias se salvan o se hunden por la acción de sus pueblos. Los hombres que tenemos la responsabilidad del Gobierno, sin el pueblo somos ineficaces, inoperantes e intrascendentes.” (Juan Domingo Perón- 1953).
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COLUMNA DE OPINIÓN — CÉSAR MALATO
DOMINGUERAS XXX.
12 RAZONES. UNA CONCLUSIÓN: EL GOBIERNO DE JAVIER MILEI ESTÁ TERMINADO SOCIALMENTE.
DOCE RAZONES CONCRETAS QUE EXPLICAN POR QUÉ LA SOCIEDAD YA NO SOPORTA ESTE MODELO DE AJUSTE, EXCLUSIÓN E INJUSTICIA.
- JUBILADOS Y JUBILADAS: HABERES QUE NO ALCANZAN.
El haber mínimo quedó en $428.633,20 en septiembre de 2026, mientras el bono extraordinario para los jubilados de menores ingresos se mantiene en $70.000. El problema es que ese bono no se incorpora al haber y funciona como un parche.
Para millones de jubilados, cada aumento de alimentos, medicamentos, alquileres y servicios significa perder capacidad de compra.
Jubilados que trabajaron toda una vida y hoy tienen que hacer cuentas para decidir qué medicamento pueden comprar. Mientras tanto, el sistema previsional se sostiene sobre parches.
- MEDICAMENTOS: PAGAR PARA PODER CURARSE.
Las restricciones en la cobertura de medicamentos del PAMI hicieron que el acceso al 100% de cobertura dependa de determinados requisitos. Para un jubilado que cobra la mínima, tener que pagar medicamentos significa muchas veces elegir entre remedios, comida o servicios básicos.
Cuando un jubilado tiene que elegir entre comer o comprar sus medicamentos, ya no estamos hablando solamente de economía: estamos hablando de dignidad.
- DISCAPACIDAD: PENSIONES Y DERECHOS EN LA MIRA.
El ajuste alcanzó las pensiones no contributivas y el sistema de prestaciones para personas con discapacidad. Se había proyectado una reducción de alrededor de 155.000 pensiones, mientras organizaciones del sector denunciaron dificultades para sostener tratamientos, rehabilitación, transporte y acompañamiento.
Una sociedad se mide por cómo trata a quienes más necesitan del Estado. Y hoy las personas con discapacidad están peleando para que derechos básicos no se conviertan en privilegios.
- PRESTADORES DE DISCAPACIDAD: CUANDO EL AJUSTE TERMINA EN LA FAMILIA.
Cuando se atrasan pagos o los recursos resultan insuficientes, el problema termina trasladándose a las familias. Menos horas de terapia, dificultades para sostener tratamientos, transporte y acompañamiento significan que aquello que debería garantizar el sistema termina siendo pagado por padres, madres y familiares.
El Estado ajusta una partida y la familia pone el cuerpo. Ese es el verdadero costo humano de la motosierra.
- PACIENTES ONCOLÓGICOS: EL AJUSTE TAMBIÉN LLEGA A LOS MEDICAMENTOS.
En enfermedades como el cáncer, la demora en un medicamento no es simplemente un problema administrativo. Los recortes y modificaciones presupuestarias denunciados durante 2026 afectaron partidas vinculadas a prevención, detección y tratamiento del cáncer.
Para quienes no tienen obra social ni prepaga y dependen del Estado, la provisión de medicamentos puede ser la diferencia entre acceder o no a un tratamiento.
En oncología, un expediente demorado no es solamente un papel que espera: puede ser un tratamiento que no llega cuando tiene que llegar.
- SALUD PÚBLICA: MENOS RECURSOS, MÁS COSTOS PARA LAS FAMILIAS.
Cuando Nación reduce programas, medicamentos o insumos, la presión pasa a las provincias, los municipios y los hospitales públicos. Y aparece una transferencia silenciosa: lo que antes pagaba el Estado comienza a pagarlo el ciudadano de su propio bolsillo.
Hospitales detonados, guardias saturadas, profesionales reclamando y una salud pública provincial y nacional cada vez más en crisis. El ajuste también se mide en camillas y salas de espera.
- TRABAJO: EL EMPLEO TAMBIÉN PAGA EL AJUSTE.
La pérdida de puestos de trabajo registrados y el debilitamiento de sectores productivos golpean directamente a las familias. Menos empleo formal significa menos ingresos, menos consumo, menos aportes y mayor incertidumbre.
Cada puesto de trabajo que se pierde no es solamente una estadística: es una mesa familiar con un plato menos y una incertidumbre más.
- DESOCUPADOS: MENOS PROTECCIÓN CUANDO SE PIERDE EL TRABAJO.
Desde septiembre de 2026, la prestación por desempleo quedó establecida en el 75% de la mejor remuneración mensual de los seis meses anteriores, con un techo equivalente al 100% del salario mínimo.
Con un salario mínimo de $383.800, ese es también el máximo mensual de la prestación por desempleo.
Te despiden, perdés el salario y el Estado te dice que sobrevivas con un seguro que no alcanza. La desocupación dejó de ser solamente la pérdida de un empleo: también es la pérdida de protección.
- SALARIO MÍNIMO: UN PISO QUE SIGUE SIENDO DEMASIADO BAJO.
El salario mínimo quedó en $383.800 desde septiembre, y llegará gradualmente a $406.400 en diciembre. Son cifras que siguen muy lejos de representar el costo real de sostener una familia.
Un salario mínimo que no alcanza para vivir no es un piso salarial: es un techo para las expectativas de millones de trabajadores.
- TARIFAS Y SERVICIOS: EL AJUSTE LLEGA A LA BOLETA.
La reducción de subsidios en electricidad y gas significa que una parte cada vez mayor del costo de los servicios recae sobre los usuarios. Para un trabajador con salario deteriorado o un jubilado que cobra la mínima, una factura más cara significa menos dinero para alimentos, medicamentos, transporte o alquiler.
La motosierra también llega todos los meses en forma de factura. Luz, gas, transporte y alimentos compitiendo por el mismo bolsillo.
- MUJERES, VIOLENCIA Y FEMICIDIOS: MENOS PREVENCIÓN, MÁS VULNERABILIDAD.
La reducción de las políticas específicas de género y el desmantelamiento de estructuras estatales de prevención y asistencia generan una pregunta inevitable:
¿Qué Estado queda para acompañar a una mujer que denuncia violencia?
Frente a los femicidios, no alcanza con contar las víctimas después de que fueron asesinadas.
Una mujer asesinada no es solamente una estadística: es el fracaso de una cadena de prevención que debería haber llegado antes.
- LA PREGUNTA CENTRAL: ¿QUIÉN PAGA EL AJUSTE?
Y acá está la pregunta que debería atravesar todo este debate:
¿Quién está pagando el equilibrio fiscal?
¿Lo paga el jubilado que tiene que elegir entre medicamentos y comida?
¿Lo paga la persona con discapacidad que reclama por sus prestaciones?
¿Lo paga el trabajador que pierde su empleo?
¿Lo paga el desocupado que recibe como máximo $383.800?
¿Lo paga la familia que tiene que comprar de su bolsillo un medicamento oncológico?
¿Lo paga el ciudadano que encuentra hospitales públicos sin recursos?
¿QUÉ PAÍS QUEREMOS?
Y acá está la decisión de fondo.
Tenemos que decidir desde ya qué tipo de país queremos: uno que integre y que otorgue derechos, que amplíe beneficios para las poblaciones más necesitadas y los trabajadores, o un país que margine a los ancianos, a los enfermos, a los discapacitados, a las mujeres, a nuestras abuelas y abuelos, que precariza a nuestros trabajadores, que envía a nuestros jóvenes a trabajar como única opción en plataformas de Uber, en repartidores de pizzas y sándwiches o, en el mejor de los casos, en alguna obra en construcción, si es que se reactiva alguna.
NUESTRA OPORTUNIDAD ESTÁ EN LA SOLIDARIDAD.
Nuestra oportunidad está en la inclusión social, en la generosidad de la política y el Estado y en cuidar al Estado como herramienta al servicio de la mejora de la vida de las personas.
NO SE TRATA DE SUBSIDIO SÍ O SUBSIDIO NO.
Se trata del rol que cumple el Estado en esta nueva etapa: de un proyecto que reemplace este proyecto cruel de exclusión y de injusticia.
Porque, en definitiva, no solamente tenemos que discutir qué Estado queremos. Tenemos que decidir qué país queremos.
Y nosotros queremos un país que incluya, que cuide, que proteja, que genere trabajo, que amplíe derechos y que vuelva a poner en el centro de la política algo tan sencillo como imprescindible:
LA VIDA DIGNA DE NUESTRO PUEBLO.
