Por Juan Carlos Lopaczuk
(Profesor de Historia y Periodista)
La Ley Bases incluye un capítulo dedicado a establecer una
reforma laboral negativa para el trabajador.
El paquete de leyes que se encuentra esperando dictamen en el Senado Nacional y que ya cuenta con media sanción en Diputados, tiene un apartado dedicado a reformar aspectos de las disposiciones laborales de los argentinos.
Las indemnizaciones dejarían de existir y serían reemplazadas por un Fondo de Cese Laboral. El cual sería constituido por un convenio entre el empleador y los sindicatos. Mediante un aporte del 8 % mensual del salario del trabajador a cargo del empleador. De esta manera el empleado paga mensualmente para cuando sea despedido.
En cuanto al Período de Prueba se extendería a 8 meses para empresas de 6 a 100 empleados ya un año a las que tengan no más de 5. En la actualidad es de 3 meses y debido a que no existiría un control estatal, el abuso de las prorrogativas de los tiempos, sería un grave peligro.
Por otra parte, no se encuentran establecidas sanciones para aquellos empleadores que tengan trabajadores en negro. Lo que complica el registró legal de los nuevos ingresantes al mercado
laboral. Ya que al no tener obligaciones legales, no habrá gran voluntad de parte de los empresarios.
Además se suma la posibilidad de que cada emprendedor puede contratar hasta 5 “colaboradores”, lo que tendrá la consecuencia de la generación de una mayor informalidad laboral.
Por último, en lo que tiene que ver con el derecho a huelga. La ley califica como “Grave Injuria Laboral” la participación en bloqueos o huelgas. Permitiendo el despido e incluso la prisión de 6 meses a 3 años, del trabajador que participe de medidas de fuerza en reclamo de derechos laborales.
La Ley Bases es perjudicial para el sector trabajador argentino. Quita beneficios, ampara la ilegalidad, aprueba la informalidad y precariza al trabajador. La necesidad de una reforma
laboral es imperante. Pero que resulte positiva para los/as trabajadores/as. En caso de que la Ley Bases sea aprobada en el Senado, los únicos que tendrán grandes privilegios serán las
empresas.
