La reciente sesión en el Senado de la Nación dejó al descubierto una doble realidad que el relato oficial intenta camuflar como un triunfo heroico: por un lado, la extrema debilidad política de un Gobierno que debió desarmar (supuestamente) sus propias banderas para no volverse con las manos vacías; por el otro, la subsistencia de un núcleo normativo feroz diseñado explícitamente para desproteger a los trabajadores, maniatar al Estado y rifar de manera diferida el patrimonio nacional.
La ilusión de la fuerza en un Senado hostil
Celebrar la media sanción de la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada como una victoria es un ejercicio de cinismo político. El oficialismo no fue al Congreso a imponer un modelo; fue a salvar los muebles de un incendio legislativo provocado por su propia intransigencia.
La retirada a contrarreloj del capítulo de entrega de tierras a extranjeros y de las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego no fue un gesto de madurez democrática, sino la aceptación forzada de su minoría estructural.
El Gobierno eligió mutilar su propio proyecto antes que sufrir una humillante derrota total en la votación en general. Lo que quedó no es el triunfo de las ideas de la libertad, sino la inercia de un oficialismo que necesita sostener la ficción del combate legislativo, entregando lo que haga falta con tal de mostrar una victoria de cabotaje a los mercados internacionales.
El cerrojo contra el Estado y la soberanía recuperada
Sin embargo, sería un error creer que lo aprobado es una “cáscara vacía”. El remanente que sobrevivió al desguace es un misil directo a la línea de flotación de la soberanía estatal. Al modificar las leyes de expropiación exigiendo una justificación burocrática asfixiante y obligando a pagar indemnizaciones millonarias que incluyen el “lucro cesante” (las ganancias futuras proyectadas por las multinacionales), el Congreso le ha atado las manos al Estado para el futuro.
El objetivo de fondo es perverso: blindar los bienes y servicios estratégicos que ya fueron transferidos al capital privado, o que pretenden ser privatizados por administraciones de derecha, garantizando que ningún gobierno popular futuro pueda recuperarlos para el patrimonio común. Al volver la expropiación fiscalmente prohibitiva, la ley consagra que lo que se privatiza se pierde para siempre. Es, lisa y llanamente, una forma legal de rifar el patrimonio nacional bajo un esquema de blindaje eterno a favor de los grandes grupos económicos.
Desalojo exprés: El fin de las fábricas recuperadas
La otra cara de esta pinza corporativa golpea de lleno a la clase trabajadora. El nuevo régimen de “desalojo exprés” se presenta ante la opinión pública bajo el tierno disfraz de la defensa del pequeño propietario frente al “okupa”. Pero en la letra chica, su verdadero destinatario son los conflictos colectivos y, específicamente, el movimiento de FÄBRICAS RECUPERARAS.
Con procesos judiciales sumarísimos que resuelven desocupaciones en cuestión de días y autorizaciones directas para el uso de la fuerza pública, la ley destruye el tiempo político y legal que los trabajadores organizados necesitan para resistir el vaciamiento empresario y poner a producir las plantas caídas en forma de cooperativas.
En un contexto de crisis, la ley elige proteger el candado del empresario vaciador por encima de las fuentes de trabajo y la dignidad social.
Conclusión
La jornada parlamentaria no dejó un Gobierno fortalecido, sino un modelo expuesto. Ante la falta de votos para entregar el suelo rural a los ojos del mundo, el oficialismo se conformó con aprobar un estatuto de protección para el gran capital. Una ley que criminaliza la supervivencia laboral, encarece la justicia social y consolida un esquema donde el Estado pierde su capacidad de intervenir en favor del bien común. No ganaron la batalla cultural; apenas lograron blindar los privilegios de los de siempre.
BOLIVIAenREDES.
