El blanqueo de Milei propone “diluir todos los controles y alivianar las sanciones” de los sistemas de prevención del lavado de dinero, advierte la representante en el país de la AAJ.
El riesgo potencial de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de los regímenes de regularización de activos o “blanqueos” varía mucho dependiendo de su diseño. El propuesto por el Gobierno de Milei en la Ley Bases fue duramente cuestionado por la Asociación Americana de Juristas (AAJ) que presentó a comienzos de mes un documento ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a quien invitan a realizar las observaciones pertinentes. Los mismos pasos seguirán ante organismos como el FMI, la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial. En diálogo con Página 12, Claudia Rocca, presidenta de la AAJ Argentina, analizó los puntos más trascendentes del documento y otras críticas a la política de Estado.
“El blanqueo, tal como está presentado, contradice todas las recomendaciones del GAFI en materia de programas de cumplimiento tributario voluntario”, sostiene la presidenta de la rama argentina de la AAJ. La asociación presentó ante el organismo internacional encargado de vigilar delitos financieros vinculados al terrorismo un documento que muestra las sucesivas violaciones a las “mejores prácticas” sugeridas por el GAFI en materia de “amnistías fiscales”.
“El blanqueo del oficialismo podría alentar transformaciones en el país que terminen por convertirlo en un narco-estado. Conocemos muy bien las experiencias de Colombia y México, en donde recientemente ganaron las elecciones gobiernos no liberales, de modo que los grupos delictivos bien podrían elegir como destino a Argentina, un país con condiciones más laxas”, advierte Rocca.
El documento elevado ante el GAFI se da en un momento en que Argentina espera el resultado de la evaluación que el organismo realizó en el último año. “El proceso revisor finalizó, pero el informe aún no está emitido”, aclara Rocca, de modo que podría incorporar nuevas evaluaciones críticas hacia el Gobierno. En un extremo, si el GAFI apreciara deficiencias estratégicas en el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el país, este podría ingresar a una Lista Negra que vedaría su participación en el comercio internacional y la toma de empréstitos con organismos, entre otras consecuencias. Actualmente 21 países forman esa lista: varios africanos, Haití, Jamaica, Siria y Turquía, entre otros. En el blanqueo que propone Milei, por ejemplo, no pueden participar los ciudadanos residentes de esos países.
El Régimen de Regularización de Activos incluído en la Ley Bases exceptúa de impuestos y sanciones a todos los activos por debajo de 100.000 dólares y aquéllos que superen esa cifra pero sean invertidos en el país por lo menos hasta diciembre de 2025. Si los fondos no fueran reinvertidos, la alícuota que se aplicaría sería del 5 por ciento, 10 o 15 de acuerdo al momento de su ingreso. A su vez, las divisas obtenidas no tienen un destino especificado.
En su informe, la AAJ caracteriza a este régimen como “una amnistía impositiva que favorece a los evasores que, a cambio de declarar su riqueza oculta, son eximidos de causas judiciales y del pago de multas, entre otros beneficios”. Además realizaron reparos sobre el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) “y el destino que pueda tener la explotación de los recursos nacionales estratégicos, ante políticas de privatización indiscriminada y un Estado que se aleja del ámbito de la regulación”, sostiene el documento.
El blanqueo de Milei propone “diluir todos los controles y alivianar las sanciones” de los sistemas de prevención del lavado de dinero, dice la presidenta de la AAJ Argentina. También en lo vinculado a la coordinación con otras autoridades nacionales competentes y a la asistencia legal mutua e intercambio de información con otras naciones para mitigar riesgos, el proyecto del oficialismo es mudo.
Sólo el Banco Central aparece como autoridad para determinar los documentos y requisitos que impondrá a quienes abran una Cuenta Especial de Regularización de Activos para ingresar los fondos. “De esta manera se viola el principio la debida diligencia, que significa que los sujetos obligados -es decir, las entidades financieras y bancarias- tienen vedado el averiguar o chequear sobre el origen de los activos repatriados, lo cual es una forma jurídica perfecta para la impunidad”, advierte Rocca.
No violar el principio de la debida diligencia es una recomendación explícita del GAFI. El organismo internacional también recomienda que las instituciones financieras deben identificar al beneficiario efectivo de la cuenta a la que se transfieren, repatrian o depositan los activos en el marco de un blanqueo, pero el caso argentino no prevé “la provisión de información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final ni el control de las personas jurídicas que puedan adhieran al régimen”.
Los sujetos alcanzados por el proyecto del oficialismo son residentes y no residentes, por sus bienes ubicados en Argentina o por rentas obtenidas de fuente local, y también abarca a “ex residentes” que cambiaron su residencia fiscal hacia jurisdicciones con menor carga tributaria. Únicamente excluye a funcionarios de los últimos cinco años y su familiares.
La denuncia que presentó la AAJ ante el GAFI también abarca otros planteos sobre la política del Gobierno. “El Estado paulatinamente abandonó toda una serie de políticas en materia de prevención del lavado, de trata de personas y promueve la libre portación de armas que resultan contraproducentes para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales más elementales”, sostiene Rocca.
Puntualmente el informe advierte que “las nuevas autoridades de justica que dejaron sin efecto las normativas en materia de control societario, especialmente de las Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS), que son aquellas constituidas por aportes de otras sociedades, que se crean en 48 horas casi de manera automática y sin ningún control sobre el beneficiario final, composición societaria, etc. Nuestra experiencia sobre este tipo de sociedades, que las estudiamos luego del Gobierno de Macri, es que fueron frecuentemente utilizadas para el lavado de dinero y otras organizaciones delictivas”, aclara la presidenta de la AAJ Argentina.
