Por Alejandro Vila
A casi dos años de la presidencia de Javier Milei, sus políticas neoliberales han impuesto un ajuste brutal y un deterioro institucional de gravísimas consecuencias. Las universidades públicas y el sistema científico nacional fueron duramente maltratados y castigados, convirtiéndose en actores protagónicos en el proceso de visibilizar el rechazo a ese programa y estilo de gobierno.
El conflicto con las Universidades Públicas deriva del proyecto que el presidente Javier Milei tiene para la educación superior, que se ubica en las antípodas de la tradición reformista. En varias ocasiones ha exhibido “poca confianza” con el sistema universitario estatal, manifestando una hostilidad inédita a partir de agravios y descalificaciones que tienen como objetivo de fondo erosionar su legitimidad. De esta forma, recurre como estrategia a un desfinanciamiento progresivo que resulta en falta de inversión en infraestructura, disminución de becas y deterioro brutal del salario de docentes, investigadores y nodocentes.
Sabemos que la ley de presupuesto es una herramienta fundamental para el funcionamiento republicano y federal de nuestro país, es la forma legítima en el uso y distribución de los recursos, donde se plasman las prioridades y el consenso de las políticas públicas, otorga certidumbre y permite la planificación institucional. Sin embargo, este gobierno prorrogó el presupuesto en el año 2024 y lo volvió a hacer en el 2025, por lo tanto, la ley de presupuesto nacional vigente es la aprobada en 2022 para el funcionamiento en 2023. Esta consecución de prórrogas configura un hecho inédito en la democracia argentina y conlleva un retroceso institucional en la organización de los recursos del estado, habilitando el uso discrecional del poder ejecutivo. La persistencia de esta situación representa un grave problema de consecuencias impredecibles para el país porque afecta el funcionamiento del estado, a la sociedad y, al mismo tiempo, genera incertidumbre en el mercado.
En reiteradas oportunidades el Consejo Interuniversitario Nacional manifestó su preocupación, malestar y rechazo ante esta situación y el 14 de agosto del corriente año respondió a los anuncios realizados por el Ministerio de Capital Humano con una declaración institucional que señala que:
“los aumentos establecidos por el Gobierno nacional de 1.3 para junio, julio y agosto, 1.2 para septiembre y 1.1 para octubre y noviembre (el 7,5 al que se refieren en las comunicaciones), más los respectivos bonos, solo consolidan la pérdida que mes a mes se acentúa respecto de la pauta inflacionaria registrada por los organismos oficiales.
Es tan cierto que los aumentos salariales fueron del 111% en el período enero-24 a mayo-25, como que la inflación en el mismo período de tiempo registró un 146,6 %. Si se agrega diciembre de 2023, se extiende también el desfasaje y la pérdida se acentúa.
La inversión en universidades nacionales en 2024 cayó 21,9 % en términos reales y se proyecta un retroceso adicional del 8,8 % en 2025, más la pérdida de diciembre de 2023. Más de 90 obras comprendidas en el Programa Nacional de Infraestructura Universitaria continúan paralizadas sin cumplir los contratos firmados por el Estado nacional. No hay actualización de becas y programas de asistencia a estudiantes universitarios. Lo transferido en concepto de hospitales universitarios no comprende a la totalidad de los existentes. Y la situación del sistema científico es terminal, puesto que, prácticamente, todas las líneas de financiamiento están cortadas”. De esta manera, los párrafos de la declaración reflejan con claridad la situación del deterioro presupuestario de las universidades. Al mismo tiempo, el CIN vuelve a insistir con la Ley de Financiamiento Universitario, que fue recientemente aprobada y probablemente nuevamente vetada por Javier Milei, con la apertura de las paritarias y con la promulgación de una ley de presupuesto para el 2026. En otro comunicado del gremio COAD se señala que la pérdida salarial desde el 2015 es continua y conduce a que actualmente los sueldos tengan el índice más bajo desde el retorno democrático de 1983. En coincidencia en el rechazo a esta política de ajuste y recorte también se han expresado en reiteradas oportunidades FATUN/APUR y FUA/FUR.
Para entender la complejidad que encierran las universidades públicas hay que señalar que su misión no se reduce a la enseñanza y a emitir certificaciones, “no es un enseñadero” donde prima la lógica del mercado ya que en su ámbito también se investiga, se hace extensión, se desarrollan conocimientos científicos, humanísticos y artísticos y donde, además de los saberes hegemónicos y tradicionales, tiene lugar los residuales y emergentes. La oferta de enseñanza ofrece trayectos que incluyen el pregrado, grado y posgrado –en algunos casos se incluyen escuelas preuniversitarias– donde se forman futuros profesionales, docentes, investigadores y también ciudadanos. En nuestras universidades conviven espacios de formación académica como aulas, laboratorios, talleres junto a hospitales y centro culturales que se articulan con ámbitos de recreación, sociabilidad y participación política habitados por estudiantes de diferentes edades, procedencias sociales e identidad cultural e ideológica.
El sistema universitario nacional es realmente Federal, con Universidades Públicas en todas las provincias que genera una fuerte identidad y vínculo con las ciudades y las regiones que configuran su entramado y, en los últimos años, ha experimentado una creciente agenda de internacionalización. Entre sus características distintivas hay que destacar su composición heterogénea producto de la gratuidad y el ingreso libre que brinda la posibilidad de movilidad social a amplios sectores de la población, frente a otros modelos que buscan circunscribirse a la formación de las elites. El espíritu del proyecto reformista aspira albergar todos los saberes, todas las edades, producir conocimientos socialmente significativos y construir una sociedad mejor a través de la participación democrática, la educación pública y la ciencia nacional.
La política de ajuste que tiene como objetivo reducir a cualquier costo el déficit fiscal a cero y el agravio contra toda manifestación disidente son los principales recursos y herramientas del gobierno para sostener sus argumentos. Esta situación dilatada en el tiempo conlleva una modificación del sistema universitario, un achicamiento que se traduciría en una oferta académica de menor calidad, poco competitiva y menos inclusiva. Por otro lado, el deterioro salarial lleva a que muchos trabajadores que buscan preservar su calidad de vida migren a otras instituciones nacionales o extranjeras o a otras actividades laborales y la falta de presupuesto dificulta sostener la inversión en infraestructura, en políticas de investigación y de extensión, en desmedro de la vida académica universitaria. En consecuencia, nuestros estudiantes son perjudicados al ver reducidos sus derechos a acceder a una educación superior de calidad y la sociedad en su conjunto se le obtura el sueño de construir un futuro mejor.
En este contexto surgen declaraciones de diversos actores sobre la organización de una nueva marcha federal educativa durante el mes de septiembre, a lo que se suman paros y actividades de visibilidad llevadas adelante desde los gremios universitarios. En relación a la legitimidad de este reclamo, es oportuno destacar las históricas marchas del 23 de abril y el 2 de octubre del año 2024, apoyadas por miles de ciudadanos, y la mayoría parlamentaria que aprobó las leyes de financiamiento universitario en el año 2024 y 2025. Al respecto, se prevé que ante el veto anunciado por el gobierno nacional el conflicto universitario continúe.
Hasta ahora, las universidades con sus actores más relevantes –autoridades institucionales y gremiales–, han logrado un consenso social mayoritario, demostrando una fuerte capacidad de movilización y poder de articulación de una fuerza parlamentaria transversal. Esta amplia recepción es posible porque la defensa del sistema universitario no reivindica privilegios o intereses corporativos, sino que plantea un reclamo justo, guiado por el bien común, que surge de la institución que conserva como ninguna otra un alto prestigio y consenso social. Es por eso que la unidad interna, la adhesión social y la articulación política se constituyen en los pilares sobre los que se asienta la fortaleza de este reclamo.
Finalmente, es necesario advertir que la legitimidad construida y ganada es el resultado de acuerdos sociales frágiles que no tienen un carácter permanente e inmutable. De tal forma, debemos actuar con responsabilidad y compromiso en la defensa del valor otorgado a la educación pública que es una de las causas más nobles y notables de nuestra historia y, al mismo tiempo, sostener los consensos internos y producir las reformas necesarias para mejorar nuestras Casas de Altos Estudios. En este camino arduo y desafiante, la Reforma Universitaria nos convoca una vez más, nos nutre en su historia, nos arropa en sus valores, principios y agendas, nos abraza en el cambio y nos empuja a construir un porvenir más justo.
para soberaniadigital.org
