Por Jorge Elbaum
Los resultados de las elecciones presidenciales en Ecuador serán leídos como un termómetro del estado de ánimo de Latinoamérica y el Caribe respecto al brutalismo supremacista de Donald Trump. Su actual presidente, el empresario bananero Daniel Noboa (foto), expresa -junto a Javier Milei, Nayib Bukele y Santiago Peña- la cuadratura del cipayismo neocolonial. Ese posicionamiento explica las intimidaciones sufridas en las últimas horas por la candidata de la oposición Luisa González.
A principios de marzo, el mandatario ecuatoriano tramitó, a través de la empresa Mercury Public Affairs, una visita a Mar-a-lago, donde se desarrolló una cena de gala. El objetivo del periplo fue lograr una foto con el rubicundo magnate reconvertido en primer mandatario, cuyo costo alcanzó los 165 mil dólares, pagaderos por el Estado ecuatoriano. El transporte aéreo no debió ser abonado por el presupuesto público, dado que fue financiado por uno de sus amigos empresarios, el expolítico argentino Francisco de Narváez, propietario de una cadena de supermercados con asiento en Quito y Guayaquil. Semanas después de ese donativo, el 29 de marzo, fue lograda la foto.
Luisa González, su oponente en la segunda vuelta electoral, es la candidata del Movimiento Revolución Ciudadana (MRC), la organización política de Rafael Correa. Su campaña estuvo plagada de hostigamientos y persecuciones operadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y las fuerzas de seguridad. Las autoridades electorales rechazaron inicialmente su candidatura, fue atacada con gas lacrimógeno y se le quitó la custodia la semana previa a la segunda vuelta.
Noboa es la contracara de González. Mientras el primero se reunía con Trump, González firmaba con Guillermo Churuchumbi, coordinador nacional del movimiento Pachakutik, un Acuerdo por la Vida -en la parroquia indígena de Tixán, en la sierra central ecuatoriana- orientado a defender el medio ambiente, enfrentar la minería a cielo abierto y garantizar los derechos de los pueblos originarios. El dirigente histórico de Pachakutik, Leónidas Iza, sintetizó el acuerdo señalando la necesidad de que no se promueva “ni un solo voto para la derecha”.
Luego del triunfo del Frente Amplio en la República Oriental del Uruguay, cuyo gobierno asumió el primero de marzo, los funcionarios del Departamento de Estado y de la CIA han puesto su mira de forma obsesiva sobre Quito, con el objetivo de garantizar la continuidad de Noboa y lograr que asuma su segundo mandato el próximo 24 de mayo. Estados Unidos ha convertido a Ecuador en su nuevo enclave en la región, luego de que Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum orientaran sus acciones contra los carteles del narcotráfico en el marco de políticas integrales, ajenas a la militarización sugerida por Washington.
González y Noboa fueron contendientes en la elección de 2023, en la que se impuso el primero por 3.6 puntos porcentuales, aprovechando una operación de desinformación intencionada en la que se relacionó al correísmo con el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. En aquella ocasión, los medios de comunicación de las derechas domésticas, manejados por las oligarquías bananeras y petroleras, utilizaron el crimen ejecutado por narcotraficantes del cartel albanés para culpabilizar al MRC. El 8 de abril, la viuda de Villavicencio, Verónica Sarauz, denunció públicamente que la fiscalía general ecuatoriana la presionó de forma sistemática –utilizando el testimonio de un supuesto testigo protegido– para que culpara a Rafael Correa de la muerte de su esposo, con el objeto de “proteger a poderes financieros que operan impunemente en Ecuador y que están ligados al narcotráfico”.
Las mafias de la comercialización de estupefacientes se han instalado en Ecuador gracias a la dolarización, a la facilidad para el lavado de dinero, las ventajas provistas por la infraestructura portuaria –controlada por grupos financieros– y a la articulación delincuencial con los organismos de seguridad. Ecuador se ha convertido, luego de ocho años de regresión neoliberal, en el máximo exportador de cocaína hacia Europa. Las disputas alrededor del lucrativo comercio convirtieron a Ecuador en el país más violento del continente, con una tasa de homicidios que supera los 40 cada 100 mil habitantes en los dos últimos años. Cuando Correa dejó el gobierno en 2017, la tasa alcanzaba los 6 homicidios cada 100 mil habitantes. La llamada lucha contra el narcotráfico, además, ha motorizado ejecuciones extrajudiciales atribuidas a los organismos de seguridad, desapariciones forzadas y el asesinato de 4 menores de entre 11 y 15 años cuyos cuerpos aparecieron parcialmente incinerados luego de ser secuestrados por militares. Dieciséis uniformados han sido acusados de dichos crímenes.
La retórica del conflicto armado contra el narcoterrorismo se ha convertido en el pretexto para instaurar un Estado de Excepción útil para la lógica neoliberal que, por un lado, tiene las manos libres para reprimir las demandas sociales y, por el otro, cuenta con la posibilidad de lavar enormes cantidades de divisas generadas por la exportación de estupefacientes. Este mismo mecanismo es el que aprovechan al interior de los Estados Unidos para señalar a los carteles mexicanos y al mismo tiempo capitalizar sus beneficios en circuitos opacos de Las Vegas, Guaridas Fiscales, Fondos de Inversión, o en Criptomonedas (como la $Libra mileísta).
En enero de 2024, Noboa decretó el “Estado de conflicto armado interno” y pidió colaboración al Departamento de Estado. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) se comprometió –en el marco de la cooperación binacional– a realizar actividades de vigilancia naval, utilizando la base aérea de Simón Bolívar y el aeropuerto de San Cristóbal, en el archipiélago de las Islas Galápagos. Dicha actividad, prohibida por la constitución ecuatoriana, ha sido avalada por el general Oswaldo Jarrín –asesor oficioso de Noboa–, formado en la Escuela de las Américas en la especialización de combate contra la guerrilla. Noboa planteó recientemente al Congreso la necesidad de eliminar el artículo 5 de la Constitución de 2008, que impide el establecimiento de bases militares extranjeras.
La colaboración de Washington incluyó la presencia, como propaganda de campaña de Noboa, del contratista militar Erik Prince, el fundador de la empresa de mercenarios Blackwater, rebautizada como Academi. Varios de sus integrantes fueron condenados en Estados Unidos por el asesinato de 17 civiles en la Plaza Nisour de Bagdad en 2007, pero Trump decidió indultarlos en 2020. Erik Prince declaró, luego de visitar el puerto de Guayaquil, que “El pueblo de Ecuador puede elegir la ley y el orden, al elegir a Daniel Noboa; o puede elegir hacer que el país se parezca a Venezuela”.
Mientras las oligarquías domésticas buscan sostener a Noboa de cualquier forma, incluso con fraude –como denunciaron 14 congresistas ante el Departamento de Estado– se multiplican las humillaciones contra los migrantes ecuatorianos dentro de los Estados Unidos, sin que el gobierno eleve ninguna queja. Más obedientes y rastreros no se vislumbran en la botica de la deshonra y la ignominia. En la IX Cumbre de CELAC realizada en Tegucigalpa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dejó en claro que ya no hay lugar para el injerencismo, el intervencionismo, las sanciones unilaterales ni los bloqueos a Cuba y Venezuela. Quizás sea otra mujer, Luisa González, la encargada de superar esta etapa execrable de la historia ecuatoriana, enmarcada en la entrega a Washington, iniciada con la persecución al correísmo.
