Por Juan Carlos Lopaczuk
(Profesor de Historia y Periodista)
El proceso de persecución política en nuestro país avanza peligrosamente en los últimos meses.
El hostigamiento y la persecución política a opositores no es un fenómeno nuevo en nuestro país y el monopolio de este recurso negativo ha ido siempre de la mano de gobiernos poco afectos a la democracia.
En los inicios del siglo XX, los y las inmigrantes anarquistas y socialistas, comenzaron a llegar a nuestro país expulsados de Europa. Con ellos y ellas las reivindicaciones laborales se hicieron sentir y tomaron forma. Las revueltas se sucedían de manera reiterada.
Así fue como se originó la Ley de Residencia o Ley Cané, por su impulsor. Miguel Cané era un pseudo “patriota” que lideraba una banda de criminales que perseguía extranjeros “agitadores”. La ley consistía en medidas represivas contra anarquistas, comunistas y militantes obreros. Además de la cárcel y la tortura, los militantes sindicales fueron expulsados del país hacia su origen. Lo que representaba la penuria segura, ya que también eran perseguidos allí.
Con la aparición del peronismo, la cosa se puso más turbia todavía. Con las conquistas sociales y la ampliación de derechos laborales, los sectores conservadores porteños se sintieron llenos de rencor y venganza. Así es que con el golpe de estado del ’55, surgiría el decreto-ley 4161, que prohibía al peronismo y sus “elementos de afirmación ideológica”.
Con ello se daba paso libre nuevamente a la persecución, la tortura y el asesinato de militantes peronistas. Varias masacres reafirman lo ocurrido. La de José León Suarez, la de Trelew, entre otras. Con el golpe de estado del ’76, la persecución política se volvió sistemática y genocida. El aparato militar represor asesinó a 30.000 y torturó y encarceló a miles.
Con la vuelta de la democracia en 1983, la sensación de que tiempos como esos no debían repetirse se volvió un pacto social. Hoy en el 2024, algo de aquello se rompió.
Con el ascenso al gobierno nacional de la extrema derecha-fascista, estos vientos de persecución vuelven a soplar. El cambió de nombre del Centro Cultural Néstor Kirchner por Palacio Libertad Centro Cultural Faustino Domingo Sarmiento fue la punta de lanza. El gasoducto Néstor Kirchner también seguirá ese camino. Y hasta mencionan que destruirán la imagen de Eva Duarte del Ministerio de Desarrollo Social, nombrado por la actual administración como Palacio Libertad. Se suma a ello la quita y destrucción de bustos e imágenes de Néstor Kirchner de las dependencias del estado bajo el mando del ejecutivo nacional. A lo que se agrega los y las miles de trabajadores y trabajadoras despedidos del estado por ser afines al gobierno kirchnerista.
Por otra parte, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. Como corolario de persecución y odio. El gobierno libertario le quitó de manera ilegal su pensión por ex presidenta y por ser viuda de un ex mandatario. Misma suerte fue la del ex vicepresidente Amado Boudou, encarcelado en tiempos macristas y ahora despojado de su pensión como vicepresidente por el ejecutivo nacional libertario.
El poder real no perdona a quienes osan desafiarlo. Aprovechando que en la Casa Rosada tienen a un “Gatito Mimoso”, buscan revancha contra el único movimiento popular que los puso nerviosos.
Pero como en el pasado no pudieron, tampoco podrán ahora. La historia demuestra que los sectores populares retornan fortalecidos. La reivindicación es solo cuestión de tiempo.
