Por Juan Carlos Lopaczuk
(Profesor de Historia y Periodista)
La amenaza a la democracia de los defensores de la libertad.
La sanción de la Ley Bases en el Senado, no fue sólo un retroceso de soberanía para el pueblo. Lo ocurrido en las afueras durante la extensa jornada de aprobación del paquete de leyes, marco un hito que no debemos pasar por alto.
Mientras se debatía en el interior del recinto de la cámara alta. En la plaza del Congreso, miles de ciudadanos y organizaciones se manifestaban en contra. Pacíficamente demostraron su descontento a lo que iba a ocurrir en el interior del Parlamento nacional. Por la tarde el clima se puso tenso. Un grupo de personas encapuchadas apareció entre la multitud y comenzó a generar tensión. Sumado a que durante todo el día las fuerzas de seguridad provocaron a cuanto manifestante se encontraran.
Al caer la noche, los “extraños encapuchados” ya habían destrozado varios automóviles e incendiado algunos tachos de basura. Ninguno recibió represión policial, incluso algunos se escaparon entre la formación de las fuerzas de seguridad. Los que sí recibieron castigo fueron 33 argentinos que fueron ” cazados” por los efectivos que buscaban culpables entre las calles cercanas al Congreso. Entre ellos, un ajedrecista, una profesora de historia, un vendedor de choripanes, alumnos de universidades del estado, entre otros.
La ley se aprobó luego de que la presidenta del Senado Victoria Villarruel desempate el voto de 36 para cada lado. Para sumar gravedad a la situación, se conoció que los detenidos fueron maltratados y privados de su libertad en condiciones deplorables. Bajo amenazas constantes de las fuerzas de seguridad, se les informó que estaban incomunicados y bajo la imputación de ” terrorismo” y ” sedición”.
Está claro, que la verdadera intención era amedrentar y desalentar a la movilización popular. Haber detenido a manifestantes al azar tuvo un solo objetivo, amenazar a la población para que se desmovilice a futuro. Y principalmente causar miedo. Esto representa un grave peligro para nuestra democracia que tanto esfuerzo nos ha costado.
Gracias a la movilización popular y la enorme campaña en redes sociales de quienes defendemos la democracia, la jueza federal María Servini de Cubría liberó a la mayoría de los detenidos en dos etapas. Primero fueron 17 y luego 11. Aún quedan presos Patricia Calarco Arredondo, David Sica, Cristián Fernando Valiente, Roberto María de la Cruz Gómez y Facundo Ezequiel Gómez, imputados por situaciones como, saltar una valla, cachetear a un policía o haber tirado una piedra.
De no ser por la presión popular, los 33 continuarían presos. El fiscal Stornelli solicitó la prisión preventiva para todos los imputados, incluso que sean vueltos a detener los que ya habían sido liberados. La jueza Servini de Cubría con más tino, rechazó el pedido.
Estos sucesos representan el peligro que corre nuestra democracia y nuestra propia libertad individual. Si por manifestarse, lo cual es un derecho constitucional, se detiene a personas y se las acusa de ” terrorismo”, estaremos en graves problemas. Un gobierno que no respeta los derechos básicos de la población y tiene prácticas autoritarias y totalitarias atenta contra los valores democráticos de la nación.
Estar alertas y defender lo conseguido con esfuerzo y sacrificio es responsabilidad de las verdaderas ” personas de bien”. Si no hacemos eso, el peligro será cada vez más grande y las generaciones futuras tendrán las consecuencias.
