Transformando el Estado y la Ciudadanía
por Luis Papagni *
La Infraestructura Pública Digital (DPI) no es solo un concepto técnico que entusiasma a especialistas en innovación, sino que hoy representa una oportunidad para transformar la manera en que los Estados interactúan con su ciudadanía, gestionan sus recursos y construyen confianza en el siglo XXI. Es importante comenzar a plantear su potencial transformador y su rol como la base de un nuevo contrato social digital para América Latina, capaz de redefinir la relación entre el Estado y la ciudadanía en el siglo XXI. En sociedades atravesadas por la desconfianza, la fragmentación institucional y las tensiones económicas, la DPI aparece como una oportunidad para recomponer legitimidad democrática y construir un Estado más cercano, transparente y eficiente, por eso es destacable considerarlas como un habilitante importante para modernizar los servicios públicos y fortalecer la relación ciudadano-Estado frente a desafíos de la institucionalidad y desigualdad persistente.
En la Argentina, donde la política suele oscilar entre grandes promesas y resultados a medias, hablar de DPI no es hablar de computadoras ni de trámites online, es hablar de cómo el Estado puede hacerse presente en la vida cotidiana. Una identidad digital segura es la diferencia entre un ciudadano que puede resolver en minutos un trámite de salud y otro que pasa horas haciendo filas. Un sistema de pagos interoperables puede significar que un pequeño productor reciba en tiempo real el dinero de su venta sin intermediarios y sin esperar días a que acredite en el banco. Una plataforma de datos abierta y segura permite que los municipios coordinen políticas sociales, evitando duplicidades y garantizando que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan.
El mundo avanza a gran velocidad en esta dirección. Y América Latina, y particularmente Argentina, no puede seguir discutiendo si conviene o no transformarse digitalmente, sin una agenda clara y con una ruta segura; debe decidir cómo hacerlo y con qué modelo político tecnológico.
Concepto y Principios Rectores de la DPI
Por eso quiero que comencemos por revisar que entendemos por la Infraestructura Pública Digital, que se define básicamente como un conjunto de sistemas digitales interoperables, seguros y abiertos para habilitar funciones esenciales en el desarrollo de servicios digitales tanto en el sector público como en el privado. Sus categorías fundacionales, según el Centro para la Infraestructura Pública Digital (CDPI), incluyen pilares, tales como:
identificadores y registros electrónicos,
credenciales digitales e intercambio de datos,
firmas electrónicas y consentimiento,
exploración y desarrollo de servicios (discovery and fulfillment), y
pagos digitales.
Y a partir de ellos, la implementación de una DPI robusta se guía por una serie de principios rectores clave, consensuados internacionalmente y adaptados a la región:
Interoperabilidad por diseño: Que garantiza el intercambio fluido y seguro de información entre sistemas y jurisdicciones, evitando duplicidades y mejorando la experiencia del ciudadano. Esto implica el uso de estándares abiertos, modelos de datos comunes y protocolos interoperables.
Seguridad y privacidad por defecto: Donde la protección de datos personales y la ciberseguridad son características esenciales desde el diseño, no opcionales. Esto refuerza la confianza pública y la resiliencia institucional.
Inclusión digital y financiera: Para asegurar que ningún ciudadano quede excluido, promoviendo el acceso a dispositivos, conectividad, habilidades digitales y servicios financieros básicos a través de la DPI. La identidad digital es fundamental para lograr este acceso universal.
Gobernanza participativa y transparente: Estableciendo mecanismos de co-creación, supervisión y rendición de cuentas para que las decisiones sobre DPI reflejen el interés público y se sostengan más allá de los ciclos políticos.
Estándares abiertos y software público: Priorizando tecnologías auditables, reutilizables y no propietarias, promoviendo la soberanía tecnológica y reduciendo la dependencia de proveedores cerrados.
Enfoque modular y escalable: Diseñando la DPI como un conjunto de bloques funcionales independientes que pueden ser implementados progresivamente y crecer según la madurez institucional.
Modelos federados y descentralizados: Donde las arquitecturas deben evitar concentraciones excesivas de poder tecnológico, favoreciendo la distribución de responsabilidades y capacidades entre distintos niveles de gobierno y sectores.
Con estas definiciones y en su justa implementación, la DPI ofrece una ventana de oportunidad para realizar mejoras críticas que afectarán los indicadores de digitalización y sobre todo el avance hacia un gobierno cognitivo en la región.
Experiencias internacionales: aprender de otros.
Evidencias empíricas y marcos conceptuales de organismos multilaterales como la OCDE, Naciones Unidas y comunidades técnicas especializadas en DPI, demuestran que existes avances reales, y con impacto de gran valor agregado.
Estos ejemplos abundan, y casos de India, con su sistema Aadhaar, demuestran logros significativos, alcanzando a identificar digitalmente a más de 1.300 millones de personas, integrando a la ciudadanía en programas sociales y financieros que antes eran inaccesibles para millones. El sistema de pagos UPI procesa hoy más de diez mil millones de transacciones mensuales, demostrando que lo digital puede ser masivo y popular. En Brasil, Pix superó en pocos años a las tarjetas de crédito y se convirtió en la herramienta financiera más utilizada del país: más de 150 millones de usuarios lo emplean para pagar desde una factura de luz hasta un pasaje de colectivo.
Es altamente reconocido el ejemplo de Estonia, aquel pequeño país báltico que hizo de la interoperabilidad una política de Estado. Allí, los ciudadanos solo deben entregar sus datos una vez: a partir de entonces, todos los organismos públicos se coordinan. El principio de “una sola vez” es ley y está respaldado por una arquitectura digital robusta que conecta más de tres mil servicios. El ahorro para el Estado y el ciudadano es gigantesco, pero más importante aún, se refuerza la confianza.
Estos casos muestran que la clave no es solo técnica, sino política, donde la voluntad de continuidad y consenso existe. Y destacan algo elemental, la tecnología por sí sola no alcanza. Hace falta decisión política, liderazgo sostenido y visión a largo plazo. Lo que está en juego no es tener un portal más o menos atractivo, sino cómo se construye legitimidad democrática en tiempos de desconfianza.
La mirada regional: hacia un bien público compartido
América Latina, como lamentablemente pasa en muchas de sus políticas, avanza de manera desigual. Los países tienen una gran brecha de madurez, lo que provoca muestras serias de limitaciones para avanzar en conjunto.
Pero pese a la disparidad, existe un horizonte común. El Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Firma Digital del Mercosur es un paso concreto hacia la interoperabilidad transfronteriza o así mismo la Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe (la Red GEALC), que, con apoyo del BID y OEA, promueven proyectos regionales. Otro gran actor, por ejemplo, es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que a través de iniciativas como el ciclo DPI LATAM se busca generar oportunidades y una gobernanza regional coherente y sostenida. Gracias a estas y otras iniciativas, la región ha visto el surgimiento de pilotos de identidad digital descentralizada (DIDI en Argentina, LACChain en varios países), que exploran la soberanía del usuario sobre sus datos, con una visión netamente regional.
Así es como el Reglamento eIDAS2 de la Unión Europea (UE) nos ofrece un referente valioso para armonizar marcos y promover la portabilidad de identidad digital en la región, y aunque sea necesario adaptarlos a las realidades latinoamericanas, es un potente disparador para la región. Este modelo europeo y la futura EUDI Wallet ofrece referencias útiles, pero no deberían ser copiado sin más. Nuestra región necesita un modelo propio, que combine estándares internacionales con sensibilidad latinoamericana: más inclusión social, más cooperación entre países, menos dependencia tecnológica.
Hacia una Gobernanza Regional y Sostenible
La implementación sostenida de una DPI requiere inversión estratégica en infraestructura tecnológica robusta, desarrollo de talento humano, consultoría especializada y financiamiento mixto y plurianual. El retorno económico y social de las DPI es significativo; la OCDE estima que pueden aportar entre 1 y 1.4 puntos porcentuales al PIB de países de ingresos bajos y medios hacia 2030.
Por tales motivos el impulso debería ser a nivel región, y allí es donde se visualiza que la gobernanza multinivel es esencial, combinando un liderazgo nacional sólido (como AGESIC en Uruguay) con un enfoque federado y descentralizado que involucre a todos los actores, incluidos gobiernos subnacionales, sector privado y sociedad civil. Una legislación que valide la identidad digital, proteja los datos personales (alineada con estándares) y obligue a la interoperabilidad es fundamental.
Un llamado a la Acción para la Soberanía Digital Regional, se visualiza como la gran oportunidad de trabajar en forma integrada. Las Infraestructuras Públicas Digitales son una condición habilitante para garantizar derechos y fortalecer la democracia en el siglo XXI. Su implementación demanda una visión a largo plazo y un liderazgo político decidido. Los beneficios son tangibles: servicios más accesibles, mayor inclusión digital y financiera, y eficiencia fiscal y reducción del margen para prácticas corruptas.
América Latina tiene la oportunidad de aprender e innovar, tomando del modelo europeo su énfasis en los derechos y del modelo africano su enfoque de inclusión operativa, adaptando tecnologías como blockchain para mayor autonomía del individuo. La región puede construir su propia narrativa digital; la DPI debe ser su cimiento más sólido.
Argentina: avances concretos, deudas evidentes
Desde la perspectiva nacional, sabemos que la Argentina no parte de cero. Iniciativas como la del RENAPER que consolidó el SID (Sistema de Identidad Digital), permite validar que la identidad a distancia utilizando biometría, es viable e inclusiva. Por su parte, la aplicación Mi Argentina centraliza trámites y credenciales, desde el DNI hasta la licencia de conducir, permitiendo ser utilizada por millones de ciudadanos.
La firma digital tuvo un importante avance clave en consolidarse gracias a la articulación regional y la iniciativa como el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Firma Digital del Mercosur (vigente entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay desde 2021).
A nivel local, la Ciudad de Buenos Aires dio un paso innovador al implementar QuarkID, la primera identidad digital descentralizada basada en blockchain en el mundo. Integrada al ecosistema miBA, permite que los usuarios controlen sus credenciales de manera descentralizada. Puede discutirse su alcance y escalabilidad, pero lo cierto es que marca un precedente: la Argentina también puede innovar a nivel global.
Sin embargo, estos logros conviven con una realidad menos alentadora. La interoperabilidad entre organismos es todavía parcial y desigual. El federalismo digital, en vez de ser una ventaja, se transforma en fragmentación: cada provincia avanza a su ritmo, con distintos sistemas y prioridades, y la coordinación nacional es insuficiente. Lo que debería ser un ecosistema integrado, termina siendo un mosaico de iniciativas aisladas.
En materia de protección de datos, la Agencia de Acceso a la Información Pública impulsó en 2023 una actualización de la Ley de Protección de Datos Personales, vigente desde el año 2000. Fue un proceso participativo, con aportes de expertos, academia y sociedad civil. Sin embargo, el debate parlamentario sigue pendiente.
La demora en legislar no es inocua, porque la confianza digital se erosiona cuando el ciudadano siente que sus datos no están protegidos, o que el Estado puede ser juez y parte. En un país con alta judicialización, la claridad normativa es esencial. Una identidad digital segura sin un marco sólido de privacidad y ciberseguridad puede convertirse en un riesgo más que en un derecho. Aquí la discusión legislativa debe asumir un rol activo. La soberanía digital no es un concepto abstracto, sino la capacidad real de decidir sobre los datos de los ciudadanos y garantizar que estén protegidos por leyes propias. En un mundo donde las grandes plataformas globales concentran cada vez más poder, no hay margen para la improvisación.
En síntesis, sabemos qué hacer, tenemos experiencia acumulada y recursos humanos capacitados, pero ejecutamos de manera fragmentada y discontinua. En la Argentina, la política digital siempre osciló entre la innovación y la improvisación. Hubo momentos de vanguardia, pero también períodos de abandono y discontinuidad. Si un cambio de gobierno implica volver a empezar, revisar lo hecho, desarmar lo anterior, en el camino se pierden recursos, se frustra a la ciudadanía y se desperdician oportunidades. Una gestión difusa no invalida los avances, pero, en muchas oportunidades, los debilita. El diagnóstico es claro: el problema no es la falta de ideas, sino la ausencia de una estrategia y la dispar continuidad.
Pero aquí la oportunidad; la DPI puede ser uno de los pocos terrenos capaces de generar consenso transversal. Porque se trata de garantizar derechos básicos en clave digital. La interoperabilidad de los registros civiles, la protección de datos, los pagos o la identidad digital como derecho fundamental no son banderas partidarias, sino que son infraestructura básica del siglo XXI.
Un llamado argentino a la reconciliación digital
Las Infraestructuras Públicas Digitales son el cimiento tecnológico más sólido de la democracia contemporánea. No son un lujo ni una moda tecnológica, sino una condición para que la política pueda cumplir su promesa.
La región tiene fuertes debilidades, pero también grandes oportunidades. Transformar la mala ejecución en política de Estado es el verdadero desafío. Y en países acostumbrados a la grieta, quizá lo digital pueda ser ese puente que necesitamos. Porque, en definitiva, lo digital no es otra cosa que lo humano amplificado: confianza, derechos, ciudadanía. La soberanía digital no se decreta, se construye día a día, con acuerdos amplios, con visión federal, alcance regional y con la convicción de que el futuro no espera.
Tenemos una oportunidad de escribir nuestra propia narrativa digital regional, y el momento es ahora.
- Luis Papagni, Ingeniero en Sistemas de Información con especialidad en Derecho para informáticos. Consultor en Infraestructuras Públicas Digitales y co-editor de los libros «Transformación Pública Digital en Latinoamérica» (I y II).
